El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder allanan viviendas y oficinas del Ministerio Público, como parte de las investigaciones que involucran a la fiscal de la nación, Patricia Benavides, y tres asesores en el presunto delito de organización criminal.
Esto es lo que se conoce hasta el momento de las investigaciones que conducía la fiscal Martita Barreto, quien esta mañana fue retirada del cargo por la titular del Ministerio Público.
Organización criminal
El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder investiga a una presunta organización criminal «enquistada en la alta dirección del Ministerio Público», la misma que estaría liderada por la fiscal de la nación, Patricia Benavides, e integrada por su exasesor Jaime Javier Villanueva Barreto y sus asesores Abel Hurtado Espinoza y Miguel Ángel Girao Isidro.
La presunta organización criminal, de acuerdo a la resolución judicial que ordenó nos allanamientos, habría «instrumentalizado el monopolio de la persecución penal para beneficio particular», «influyendo ilícitamente» en las decisiones de congresistas a fin de continuar en el cargo de fiscal de la nación.
Habrían influenciado, según la resolución judicial, en la decisión de algunos parlamentarios para la elección del defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, dado que esta autoridad preside la comisión encargada de la selección de integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ); en la inhabilitación de Zoraida Ávalos como fiscal suprema, a fin de evitar que la reemplace en caso sea destituida, y en la posible remoción de los miembros de la JNJ, que investigan a Benavides.
Chat y visitas a congresistas
La fiscalía presentó como evidencias de su imputación conversaciones de whatsapp de Jaime Villanueva Barreto en las cuales se evidencia las coordinaciones que habría realizado para alcanzar los votos necesarios para la elección del defensor del pueblo «de talla a sus interés particulares» y para la destitución de Zoraida Ávalos en el Congreso.
Señalan además que Villanueva Barreto y los otros dos asesores realizaron visitas a parlamentarios de diversas bancadas y relacionados con la denuncia constitucional que derivó en la inhabilitación de Zoraida Ávalos, a cambio presuntamente de archivar investigaciones fiscales a parlamentarios.
A Villanueva Barreto, quien se presentaba en los chat como el «único autorizado para hablar en su nombre (Patricia Benavides) y realizar las coordinaciones», se le atribuye el rol de coordinador y operador de la presunta organización criminal, en tanto que a Espinoza y Girao el papel de operadores.
Operación Valkiria
El juez Jorge Chávez Támariz, titular del 7° Juzgado de Investigaciones Preparatoria Nacional, ordenó la detención preliminar por diez días contra Jaime Villanueva Barreto, quien fue arrestado esta mañana en una clínica local.
También dispuso el allanamiento de los inmuebles de Jaime Villanueva, Abel Hurtado Espinoza, y Miguel Girao Isidro, así como sus oficinas en el Ministerio Público y los vehículos utilizados para su desplazamiento.
Remoción de fiscal Marita Barreto
En paralelo con las medidas adoptadas como parte de la operación Valkira, la fiscal de la nación, Patricia Benavides, dio por concluida la designación de la fiscal Marita Barreto en el cargo de coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, el cual ocupaba desde julio de 2022.
En su reemplazo, se designa al abogado José Miguel Cuya Berrocal, quien se desempeñaba en el despacho de la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada.
La resolución, asimismo, dispone el nombramiento de Barreto como fiscal provincial titular penal (supraprovincial) en el Despacho de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, en el Distrito Fiscal de Lima Centro.
Denuncia Constitucional
La congresista Ruth Luque (Cambio Democrático- Juntos por el Perú) presentó una denuncia constitucional contra la fiscal de la nación, Patricia Benavides, a fin que sea sancionada e inhabilitada tras la revelarse que la magistrada lideraría una presunta organización criminal.
«La fiscal es una alta funcionaria, es una aforada, corresponde una denuncia constitucional, yo la estoy presentado», dijo la legisladora quien apeló a que sus colegas parlamentarios que hablan de luchar contra la corrupción, respalden esta iniciativa.
