El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó al exgobernador de Áncash, César Álvarez, a 19 años y 6 meses por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos, pena que se cumplirá el 6 de setiembre del 2039.
El tribunal también encontró culpable al exgobernador regional, como coautor, del delito de asociación ilícita para delinquir y le impuso 4 años y seis meses de pena privativa de la libertad y 400 días multa.
Igualmente, lo halló culpable, como autor, del delito de lavado de activos y le impuso 7 años y 6 meses de prisión, y 400 días multa. Finalmente lo encontró culpable, como instigador, del delito de lavado de activos agravado y lo sentenció a 7 años y 6 meses de prisión.
Los tres delitos sumaron 19 años y 6 meses de pena privativa de la libertad, que deberá cumplir en el establecimiento que el Instituto Penal Penitenciario (Inpe) designe.
El cómputo de la pena se considera desde la privación de la libertad de Álvarez ocurrida el 28 de mayo del 2014 hasta el 25 de mayo del 2018, retomando el cálculo desde el 4 de marzo de 2024 , fecha de la sentencia.
El colegiado, que sentenció a Álvarez, está integrado por los jueces Nayko Coronado Salazar, Raúl Caballero Laura y Max Vengoa Valdiglesias.
Sentenciados y absueltos
También el tribunal sentenció a 7 años y 6 meses a José Cavassa Roncalla por lavado de activos y dispuso su aprehensión inmediata por parte de la Policía Nacional; y a Martín Belaunde Lossio a 4 años y 6 meses por asociación ilícita.
De igual modo, condenó a José Luis Carmen Ramos a 12 años de prisión por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita; a Arnulfo Moreno Corrales a 13 años y 6 meses, y a Víctor Serna Baéz a 9 años y 9 meses.
Además, absolvió de los cargos formulados por el Ministerio Público al excongresista Heriberto Benitez Rivas por los delitos de encubrimiento agravado e intimidación a la autoridad.
La lectura integral de la sentencia, que involucra a César Álvarez y 33 acusados, se realizará de manera virtual el jueves 14 de marzo 2024 a partir de las 09.00 horas en la plataforma Google Meet.
La Centralita era un inmueble ubicado en la urbanización La Caleta de Chimbote, en donde se efectuaban reuniones entre los miembros de la organización, se pagaba a periodistas y autoridades políticas, policiales y judiciales, y hasta se planificaban crímenes de opositores al régimen de Álvarez, como el del exconsejero Ezequiel Nolasco Campos.